ESPAÑA: “Estábamos solos. Pedíamos auxilio y no llegaba”

Por: MARÍA SOSA TROYA

Un hombre se emociona al ver a su mujer después de tres meses de confinamiento, en una residencia en la Comunidad de Madrid. SUSANA VERA / REUTERS

Las residencias privadas narran cómo fueron las semanas que no pudieron derivar enfermos y piden medidas ante un posible rebrote.

El relato es unánime en tres puntos. Semanas de horror, en las que el virus se extendía por las residencias. Un sentimiento de abandono, de haber estado “solos” ante una pandemia que pilló a todos desprevenidos. Y el miedo a que el rebrote llegue sin estar preparados, a que el drama de miles de muertos se repita. Por ello, las cuatro patronales de las residencias piden que se actúe ya, para que el sector esté preparado ante una posible nueva ola en otoño, y para ello consideran fundamental que haya mecanismos claros de coordinación con el sistema de salud. Coinciden en que este ha sido uno de los grandes problemas, que en las comunidades con “mayor saturación” de los hospitales se restringió la admisión de mayores desde los centros.

El Gobierno no ha publicado aún la cifra de fallecidos en residencias de servicios sociales. Según un recuento de este diario con datos de las autonomías, son más de 19.000 las muertes en estos centros —que también agrupan los de discapacidad o salud mental— con covid-19 confirmada o síntomas compatibles. La mayoría, probablemente, en residencias de mayores. Han sido uno de los grandes focos de contagio. Al menos a la mitad no se les realizó el test.

“Hay desconocimiento de nuestro sector. Al tomar el mando Sanidad, tanto desde el Gobierno como desde las comunidades, no saben con qué recursos contamos”, explica Ignacio Fernández, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a unos 2.000 centros. “Dieron instrucciones para gestionar la situación de desbordamiento total [en hospitales]. Se creyó que una solución sería restringir los ingresos desde las residencias y que seríamos capaces de atender a personas con enfermedades agudas, pero no estamos preparados. Esto causó la tragedia”, prosigue. “Se actuó tarde, fuimos nosotros quienes pedimos cerrar los centros de día [muchos comparten instalaciones con residencias] y prohibir visitas, las comunidades al principio se mostraban reticentes”, asegura Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que aglutina a unos 400 centros.

Fernández dice que tuvieron problemas con las derivaciones desde mediados de marzo hasta la “primera o segunda” semana de mayo, en las comunidades donde la pandemia ha golpeado más fuerte. Cubero habla de “un mes muy complicado, de mediados de marzo hasta mediados de abril”. Y añade: “¿Hubo ingresos? Sí. ¿Se nos denegaron? También. Mucha gente no ha podido ser atendida por servicios sanitarios”.

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) —con cerca de 2.000 centros—, se refiere a “20 o 25 días de horror”. “Hay indicadores claros: uno, la cantidad de personas que han muerto sin diagnóstico, es decir, que no había pruebas; otro, el porcentaje de trabajadores infectados, luego no había equipos de protección individual (EPI), y el tercero, la cantidad de fallecimientos en las residencias, es decir, que no se derivaba. Estábamos solos y abandonados, pedíamos auxilio y no llegaba”, continúa. Asegura que se restringieron derivaciones a los centros sanitarios en “Madrid, Cataluña, en algunas ciudades de Andalucía, en hospitales de Valencia, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Navarra, en el País Vasco”, tenían un “cribado” o pedían un perfil que “no cumplían el 95% de los residentes”.

“El problema viene de partida. El Gobierno asumió que las personas con positivo se atendieran en las residencias, que debían clasificar a los mayores en grupos [en función de si tenían síntomas o no]. Es como hacer una barbacoa al lado de la paja. Los positivos tenían que haberse atendido fuera de las residencias, en recursos intermedios, y los agudos en el hospital”, expone Juan José García, secretario general de la Federación Lares, que engloba a 1.050 centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Él dice que los mayores problemas con las derivaciones los registraron desde “el 25 o 26 de marzo al 8 de abril”. Alerta de que “la atención primaria” del sistema de salud no funciona bien en las residencias. “El debate no debería ser si hay que cambiar las normas para exigir más personal sanitario en los centros, sino determinar las obligaciones de la atención primaria. Deberían ir a las residencias a pasar consulta, por ejemplo”, apunta.

Rebrote

Según el CSIC, en España hay cerca de 373.000 plazas en 5.417 residencias, el 71% de estas últimas en manos privadas. El Imserso, que eleva las plazas a unas 381.000, estima que el 60% de ellas cuenta con financiación pública —también incluye la concertación—. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado la “privatización y precarización” de las condiciones de trabajo en las residencias y ha pedido un cambio de modelo. Por el momento se desconoce a nivel nacional cuántas residencias han estado libres del virus, ni cuántas públicas o privadas hay afectadas en España. Lo ocurrido en ellas ha sido muy cuestionado durante la crisis, con cientos de familias denunciando. Pero las empresas aseguran que la clave no está en la titularidad de los centros. “El virus no distingue entre quién gestiona las residencias, ha entrado exactamente igual en las públicas que en las privadas, no hay diferencia”, dice Pascual, de Ceaps. “A los mayores no les importa quién gestione, sino la calidad, la proximidad y lo que les cobran cada mes. Lo que tiene que hacer el Gobierno es terminar con la lista de espera de las plazas públicas y concertar más, que las autoridades ponen los requisitos, el precio, deciden el cómo, el cuándo y el por qué”, añade. Las empresas reclaman que el Ejecutivo cofinancie la ley de dependencia, como está obligado. “Actualmente aporta el 20% de la financiación, frente al 80% de las comunidades”, sostiene Cubero, de Aeste. Fernández, de la FED, afirma que el precio medio para la Administración de una plaza concertada son “54 euros al día, frente a los 170” de una pública. García, de Lares, pide más peso del sector no lucrativo.

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Fuente: Elpais.com

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